Un grupo de funcionarios estadounidenses ha presentado una demanda federal contra la administración de Donald Trump, acusándola de llevar a cabo una "ocupación ilegal" en el estado de Illinois y la ciudad de Chicago. Los demandantes sostienen que los agentes federales han llevado a cabo tácticas agresivas, incluyendo la aplicación de la ley inmigración civil sin orden judicial, el uso de gas lacrimógeno en áreas residenciales y la invasión de propiedad privada.
La demanda, presentada por el Fiscal General de Illinois Kwame Raoul, alega que los agentes federales han actuado como "ocupantes" en lugar de oficiales de la ley, y que su presencia ha generado "miedo", "violencia indiscriminada" y "interferencia impermisible con la soberanía estatal". Los demandantes sostienen que la administración de Trump está utilizando tácticas agresivas para castigar al estado y a la ciudad, especialmente por su supuesta condición de jurisdicción santuario.
Entre los incidentes mencionados en la demanda se incluyen dos tiroteos cometidos por oficiales de inmigración en el área de Chicago, uno de ellos mortal. También se cita el caso del agente de la Patrulla Fronteriza Charles Exum, quien arrestó a una maestra sin orden judicial y volvió a entrar al centro de guardería para interrogar sobre su estatus migratorio.
La demanda también hace eco de las preocupaciones sobre la capacidad de los funcionarios estatales para enjuiciar a los agentes federales. Los abogados del estado solicitan que se le ordene a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que no aplique la ley inmigración civil en Illinois sin la aprobación del Congreso.
La administración de Trump ha descartado las acusaciones, calificándolas de "manifiesto de extrema izquierda" y afirmando que está haciendo cumplir la ley federal y arrestando a inmigrantes ilegales criminales en todo el país. El gobernador JB Pritzker, un demócrata, ha declarado que Illinois se está levantando contra los ataques de la administración de Trump y que "la administración de Trump ha violado repetidamente la ley y socavado la confianza pública".
La demanda, presentada por el Fiscal General de Illinois Kwame Raoul, alega que los agentes federales han actuado como "ocupantes" en lugar de oficiales de la ley, y que su presencia ha generado "miedo", "violencia indiscriminada" y "interferencia impermisible con la soberanía estatal". Los demandantes sostienen que la administración de Trump está utilizando tácticas agresivas para castigar al estado y a la ciudad, especialmente por su supuesta condición de jurisdicción santuario.
Entre los incidentes mencionados en la demanda se incluyen dos tiroteos cometidos por oficiales de inmigración en el área de Chicago, uno de ellos mortal. También se cita el caso del agente de la Patrulla Fronteriza Charles Exum, quien arrestó a una maestra sin orden judicial y volvió a entrar al centro de guardería para interrogar sobre su estatus migratorio.
La demanda también hace eco de las preocupaciones sobre la capacidad de los funcionarios estatales para enjuiciar a los agentes federales. Los abogados del estado solicitan que se le ordene a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que no aplique la ley inmigración civil en Illinois sin la aprobación del Congreso.
La administración de Trump ha descartado las acusaciones, calificándolas de "manifiesto de extrema izquierda" y afirmando que está haciendo cumplir la ley federal y arrestando a inmigrantes ilegales criminales en todo el país. El gobernador JB Pritzker, un demócrata, ha declarado que Illinois se está levantando contra los ataques de la administración de Trump y que "la administración de Trump ha violado repetidamente la ley y socavado la confianza pública".